«LOS LAÓCRATAS IMPUGNAN EL ARCHIVO DEL DELCYGATE POR OBVIAR “INCOMPRENSIBLEMENTE” EL JUEZ MARCHENA LA INAPLICACIÓN DELIBERADA, ABUSIVA Y ARBITRARIA POR ABALOS DE LA LEY DE EXTRANJERIA Y SU REGLAMENTO CON DELCY RODRIGUEZ»

Con fecha 26 de noviembre de 2020 se dictó Auto por el que: «LA SALA ACUERDA: 1º) Se declara la competencia de esta Sala para el conocimiento y decisión de la querella formulada contra el Excmo. Sr. D. Luis Ábalos Meco, Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

2º) Se acuerda la inadmisión a trámite de la misma por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno y el consiguiente archivo de las actuaciones.» 

El Juez Marchena da la razón a los Laócratas en cuanto:

«3.- El análisis de los hechos que son objeto de querella ha de partir de la constatación de varios hechos notorios.

El primero de ellos, que la querellada Dña. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, estaba afectada por la prohibición derivada de la decisión PESC 2017/2074 del Consejo de Europea relativo a la situación de Venezuela. Esta decisión ha sido revisada, actualizada y mantenida mediante la Decisión (PESC) 2018/1656 de 6 noviembre de 2018, y la decisión (PESC) 2019/1893 del Consejo de 11 de noviembre de 2019, por la que se prorrogan las medidas restrictivas vigentes,

habida cuenta de la situación en Venezuela, a la vista de la persistente y creciente crisis política, económica y social en dicho país.

Es también un hecho notorio que la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela aterrizó y permaneció en el aeropuerto de Barajas durante la madrugada del día 20 de enero de 2020, permaneciendo durante varias horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva.

Está asimismo acreditado por su reconocimiento público -más allá de las contradictorias versiones con las que ha pretendido explicarse- que el Ministro querellado, Sr. Ábalos, se entrevistó con la vicepresidenta bolivariana durante su estancia en territorio español.»

 En las páginas 7 y ss del referido auto se establece los argumentos para no considerar delito de prevaricación imputable a la autoridad que haya en su caso consentido esa infracción, una vez magistralmente descartado cualquier duda acerca del hecho «Dña. Delcy Rodríguez accedió a territorio español y vulneró así la decisión PESC 2017/2074, aprobada por el Consejo de la Unión Europea, procede ahora resolver si la acreditada infracción de una decisión de política europea de seguridad común es, por este simple hecho, constitutiva de un delito de prevaricación imputable a la autoridad nacional que haya, en su caso, consentido esa infracción. Y la respuesta ha de ser negativa. Son varias las razones que conducen a esta conclusión.»

«3.3.1.- El tratamiento jurídico-penal de los hechos que han sido objeto de querella no puede hacerse depender del impacto político que ha generado su conocimiento público…»

«3.3.2.- Las obligaciones derivadas de las decisiones PESC tienen una naturaleza esencialmente política…»

El RECURSO DE SÚPLICA contra dicho Auto, lo hacen los Laócratas en base a las siguientes alegaciones:

 1.-¿Las obligaciones derivadas de las decisiones PESC tienen una naturaleza esencialmente política?

Usando las propias palabras del ponente: «La realidad y vigencia de la prohibición de tránsito y estancia de la Sra. Rodríguez es incuestionable, en la medida en que el art. 6 de la decisión PESC 2017/2074, bajo el epígrafe «restricciones de la admisión», dispone lo siguiente: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I» (cfr. DOUE L 295/60, 14 de noviembre 2017).»

 Dicha prohibición de obligado cumplimiento se incorpora al derecho interno vía publicación BOE conforme a la Constitución Española en su Artículo 96: Los Tratados Internacionales [acuerdos o decisiones], una vez publicados oficialmente en España,[la decisión PESC lo está en la sección DOUE del BOE] formarán parte del ordenamiento interno.

 La decisión del Consejo de la UE de noviembre de 2017, que fija las bases de las sanciones, establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela o las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela»

La consecuencia administrativa de impedir la entrada en la Unión Europea de una extranjera que tiene prohibida la entrada en la misma corresponde a los Estados miembros hacerlo. Y su cumplimiento o incumplimiento es una cuestión administrativa no política, la política acaba en la decisión, la aplicación y las consecuencias son administrativas conforme a la legislación española de extranjería.

La portavoz Battu-Henriksson ha insistido: «Podemos confirmar que Delcy Rodríguez está entre los dirigentes incluidos en la lista junto a otros 24 individuos y que las sanciones contemplan la congelación de activos y los viajes a la UE. La implementación de las sanciones corresponde a los Estados miembro. Esperamos que todos los estados cumplan las sanciones»; «La evaluación de la violación de las sanciones es responsabilidad de las autoridades de cada Estado miembro, está claramente indicado en las provisiones legales. Corresponde al estado miembro evaluar»,

El régimen Juridico para la entrada y salida de los extranjeros en España se regulan en la Ley de Extranjería y en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 y establece :

«Puestos de entrada y salida

Artículo 1 Entrada por puestos habilitados

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales suscritos por España, el extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite su identidad y que se considere válido para tal fin, estar en posesión de un visado válido cuando éste sea exigible, y no estar sujeto a prohibiciones expresas de entrada. Asimismo, deberá presentar los documentos determinados en este Reglamento que justifiquen el objeto y condiciones de entrada y estancia, y acreditar la posesión de los medios económicos suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España o, en su caso, estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios.»

«Entrada: requisitos y prohibiciones

Artículo 4 Requisitos

  1. La entrada de un extranjero en territorio español estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. f) No estar sujeto a una prohibición de entrada, en los términos del artículo 11.

«Artículo 11 Prohibición de entrada

 Se considerará prohibida la entrada de los extranjeros, y se le impedirá el acceso al territorio español, aunque reúnan los requisitos exigidos en los artículos precedentes, cuando:

  1. e) Tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria, salvo que se considere necesario establecer una excepción por motivos humanitarios o de interés nacional.»

 

Sostener que las obligaciones dimanantes de las decisiones PESC son políticas se trata de una verdad a medias usada para tratar de ocultar que las consecuencias y la aplicación de las mismas son meramente administrativas, dado que España, conforme la Ley de Extranjería y su Reglamento articulo 4, f) y 11. E) está obligada impedir el acceso al territorio español a los que tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria. Obviar que se inaplicó la Ley de Extranjería y su Reglamento a Delcy Rodriguez, flagrante, torticera, abusiva y a sabiendas cumple el tipo penal del delito de prevaricación conforme a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo:

2.-Los Laócratas no le piden a la Sala que controle el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Español respecto de las decisiones de la PESC, esta parte le pide a la Sala que enjuicie la inaplicación arbitraria, abusiva y a sabiendas de la Ley de Extranjería y su Reglamento, en cuanto a la prohibición de entrada en España conforme a los acuerdos comunitarios de obligado cumplimiento conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

3.- Los Laócratas no sostienen que cualquier vulneración de una autoridad española de una decisión PESC ha de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación, decimos que la prohibición de entrada de una extranjera en España conforme a una decisión de la Política de Seguridad Común Europea, es vinculante y legalmente obligatoria conforme la Ley de Extranjería y su Reglamento por los artículos 4, f) y 11, e) está obligada impedir el acceso al territorio español a los que tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria y por tanto la actuación y decisióndel Excmo. Sr. don JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, MINISTRO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al autorizar la entrada en espacio aéreo Español-Europeo, de la Vicepresidenta de Venezuela, estando prohibida por DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2017: “relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”;, la actuación y decisión del Excmo. Sr. don JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, MINISTRO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al autorizar el transito por territorio Español-Europeo, de la Vicepresidencia de Venezuela, estando prohibida por DECISIÓN (PESC) 2017/2074 DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2017: “relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela”;, la actuación y decisión del Excmo. Sr. don JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, MINISTRO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al autorizar el transito por territorio Español-Europeo, de la Vicepresidencia de Venezuela, sin que fuera detenida, deportada, ni denunciada;, la actuación y decisión del Excmo. Sr. don JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, MINISTRO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al autorizar la salida de España en vuelo comercial, sin cumplir la normativa en cuanto al sellado y obtención del visado del pasaporte, de la Vicepresidencia de Venezuela pueden ser constitutivos de respectivos delitos de prevaricación del art. 404 del Código Penal por cumplir sobradamente los requisitos del mismo: Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable ; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.

Los hechos objeto de la querella se cumplen en los cinco puntos para que se pueda considerar conforme la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sin olvidadar que el dolo del Ministro Querellado también está acreditado por las distintas versiones que dio hasta seis versiones distintas el Ministro Ábalos.

La función de la Administración de Justicia en una Democracia auténtica tiene que ser ejercer de control, freno y contrapeso de los otros dos poderes con base en la Ley, perseguir el delito y hacer cumplir la Ley, en eso consiste la división e independencia de los mismo, que debe ser reafirmada en cada acto jurisdiccional.